Indicó que la promoción de la inversión privada es indispensable para la integración de mercados rurales hacia los corredores económicos, y el sistema de concesiones es un eficaz instrumento para tal fin.

Sin embargo, manifestó que todavía se puede mejorar el marco legal vinculado a las concesiones y las asociaciones público privadas (APP) a través de la incorporación de las lecciones aprendidas de los contratos de concesión suscritos a la fecha.

Además planteó introducir nuevas obligaciones o precisiones en los contratos en materia de responsabilidad social, cumplimiento de estándares medioambientales y asequibilidad del servicio.

“Todavía se puede mejorar el marco legal en participación del regulador o supervisión de todo el proceso. Definitivamente falta fortalecer el marco legal”, subrayó.

También consideró que las concesiones requieren evaluaciones extensas por lo que se deben adoptar plazos suficientes para que el proyecto y las inversiones puedan dar los resultados que esperan todos los usuarios.

“No se trata de sacar las concesiones cuanto antes ya que hay concesiones como la del Aeropuerto Internacional de Chincheros – Cusco (AICC) que, si se firma ahora, se tendrán dificultades por el saneamiento físico legal de las tierras y las expropiaciones, y las obras podrían empezar en diez años”, explicó.

Recordó que en el caso de la Autopista del Sol existen problemas de saneamiento de tierras que retrasan las obras, mientras que otras concesiones viales deben afrontar la solución del cruce con redes de fibra óptica que afectan al proyecto.

“A veces la maduración de un proyecto puede tomar cinco o diez años pero una vez que se tienen los estudios completos se podrá iniciar inmediatamente, esa es la forma como debe trabajarse de manera responsable”, comentó.

Asimismo, insistió en que se requiere fortalecer el marco regulatorio peruano, lo que pasa por tener directorios completos de los organismos reguladores con una designación de directores de manera escalonada, la remoción de directores bajo causales objetivas, y tener reguladores con autonomía financiera.

Además se debe fortalecer los presupuestos de los Consejos de Usuarios de la infraestructura pública, establecer plazos razonables para la opinión de los reguladores sobre los contratos de concesión, incorporar indicadores de servicio de alta calidad en los contratos, entre otros.

“Todo esto pasa por un tema legal y la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República está trabajando una propuesta al respecto”, puntualizó.

Finalmente, Zevallos detalló que la propuesta de esta comisión busca modificar y mejorar la Ley Marco de Organismos Reguladores.

(FIN) EBS/JPC